“AL GOBIERNO LE HACE FALTA VER LA PERSPECTIVA DEL PROBLEMA EN SU CONJUNTO Y ASÍ HACER UNA POLÍTICA CRIMINAL” MARÍA ELENA MORERA PRESIDENTA DE CAUSA EN COMÚN
Por: Dulce María Ramón
Para finales del año 2018 se discutía un tema álgido en relación con las políticas de seguridad que marcaría las pautas para la generación de una nueva institución que dedicaría su trabajo a la protección de la ciudadanía. Durante la sesión en el mes de noviembre, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reformaba 13 artículos de la Constitución en materia de Guardia Nacional.
El análisis y la discusión se extendió durante varios meses, y en ella intervinieron Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones especializadas en seguridad pública, 13 gobernadores, 15 presidentes municipales, el ombudsman nacional y el representante de México en la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada uno resaltando diferentes aspectos.
En estas observaciones se destacaron varios planteamientos como que la Guardia Nacional debería tener autoridad de carácter civil, establecer una ruta de fortalecimiento de los cuerpos policiacos; garantizar que esta figura tuviera formación e instrucción delimitada para la función policial, incluido el uso proporcional de la fuerza con respeto a los derechos humanos y perspectiva de género.
Con todo esto, inició su proceso de aprobación pasando por todas las instancias necesarias, logrando consolidar las leyes secundarias y reformas que se requerían para la operación de la Guardia Nacional: (Reformas) Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Ley Nacional de Registro de Detenciones.
Pero el 11 de abril la noticia de que el general de Brigada en proceso de retiro, Luis Hernández Bucio, fue designado como comandante de la Guardia Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador generó opiniones encontradas. A partir de este suceso defensores de derechos humanos criticaron la insistencia del presidente por nombrar a un militar al frente de la Guardia Nacional. Alertaron que el nombramiento se contrapone al sentido de la reforma constitucional que dio paso a la creación de la nueva corporación de seguridad de carácter civil. Por su parte la Confederación patronal de la república mexicana (COPARMEX) se mostró sorprendida por tal decisión.
Por ello y por lo trascendental del tema en México entrevistamos a María Elena Morera, activista ciudadana en seguridad pública y en fortalecimiento ciudadano. Actualmente es presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común A.C
La seguridad en México es un tema que preocupa demasiado y el gobierno federal está consciente de ello. ¿Qué opina al respecto?
A todos los ciudadanos del todo el país nos preocupa de manera considerable la seguridad. Pero habría que recordar lo que dijo el presidente López Obrador en campaña donde decía que el Ejército no estaría a cargo de la seguridad pública. Sin embargo, algo cambió en su perspectiva sobre el tema. Entonces toda esta reconstrucción. Al final del sexenio de Peña Nieto sacaron la Ley de Seguridad Interior, la cual fue declarada inconstitucional. Entonces lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, al ser inconstitucional decidió meterla a la Constitución. Por lo que hubo una serie de debates en la Cámara de Diputados donde las organizaciones, académicos expertos en el tema, al igual que personas que son expertos en Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales, fuimos a exponerles que no era una buena idea tener a los militares en las calles, porque esa no era su función.
